Por Miguel-Juan Pereda Hernández

Este tipo instituciones tuvo su origen en Bélgica, donde se desarrolló paralelamente al crecimiento y consolidación de las organizaciones socialistas, especialmente en las zonas industriales de Valonia. La Casa del Pueblo de Almansa (una de las primeras de España, la tercera de Castilla-La Mancha y la más antigua de la provincia de Albacete) surgió como fruto de la influencia levantina; no en vano, las de Elche y Villena fueron creadas en 1905 y 1906 respectivamente.

1. FUNDACIÓN

En la primera década del siglo XX ya estaban implantadas en nuestra ciudad varias sociedades obreras, tanto de socorros mutuos: “La Unión Almanseña” (fundada en 1891) y “La Bondadosa” (1909), como de resistencia o sindicatos: “Albañiles” (1903), “Los Trabajadores” (jornaleros 1903), “La Luz” (zapateros 1904), “La Prosperidad” (oficios varios 1908). También estaba establecida la “Agrupación Socialista de Almansa”, cuyo ingreso en el partido ya era un hecho en octubre de 1904.

Se viene aceptando 1909 como el año de fundación de la Casa del Pueblo de Almansa. Es posible que en sus primeros momentos organizativos funcionase de manera provisional en la sede de alguna de las sociedades obreras existentes en la localidad, de ahí que fuentes orales sitúen sus primeros emplazamientos en la calle Mendizábal, en cuyo número 6 funcionaban “La Luz”  y “La Bondadosa”, o en la plaza de Santa María (en el número 16 tenían su local “Los Trabajadores”). Ante las dificultades de conseguir un inmueble en régimen de alquiler, se pidió ayuda a otras sociedades obreras. Finalmente, se logró el que sería su domicilio social definitivo, situado en la calle del Progreso número 13, que fue adquirido en 1908 por la “Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de Madrid” por un importe de 12.500 pesetas.

2. ESTATUTOS

El 29 de octubre de 1910 se presentaba ante el Gobierno Civil de Albacete su Reglamento Federativo, que constaba de 60 artículos distribuidos en siete capítulos y un adicional, siendo presidente José Lorite Castor^[1], tesorero Diego de Ves y secretario Antonio Zornoza.

La Federación de la Casa del Pueblo se fijaba cuatro objetivos primordiales. El primero, reunir en su seno a todos los obreros de ambos sexos (intelectuales y manuales) de Almansa que formasen, o aspirasen a formar parte de sociedades legalmente constituidas e interesadas en mejorar, tanto el estado moral y material de sus afiliados y de sus familias, como las condiciones de trabajo de los mismos, por medio de la resistencia, el socorro mutuo ante la enfermedad, la cooperación socialista de consumo, la enseñanza laica y la acción política de clase. El segundo, procurar la creación de nuevas asociaciones mediante el asesoramiento a los compañeros que lo solicitasen. El tercero, practicar el principio de solidaridad entre las organizaciones de dentro y fuera de la localidad. Y el cuarto, mantener estrechas relaciones y lazos federativos con todas las entidades nacionales o internacionales de fines similares.

 La Casa del Pueblo estaría abierta a todas las sociedades obreras almanseñas que aceptasen cumplir fielmente su Reglamento y sus acuerdos. También se admitiría a sociedades de socorros mutuos y cooperativas de consumo cuando sus condiciones económicas fuesen consideradas convenientes. Los colectivos interesados en integrarse en ella deberían solicitarlo mediante una declaración firmada por sus representantes legales y remitir dos ejemplares de sus Estatutos, con el fin de comprobar que no existiese en ellos ningún concepto contrario al objeto de la Federación. Ésta, por otro lado, se comprometía a no reconocer más de una asociación del mismo oficio en la localidad. Ninguna sociedad sería admitida mientras no tuviese pagada la primera cuota y sería dada de baja cuando, sin causa justificada, adeudase las cuotas ordinarias correspondientes a dos meses, o las prorratas extraordinarias dos meses después de concluida una huelga reglamentaria. Todas ellas estarían obligadas a contribuir a los gastos de sostenimiento del local, así como a remitir a la Junta Federal, en la última semana de cada mes, el movimiento de altas y bajas de sus asociados, ya que el prorrateo se haría con arreglo al número de cotizantes.

La Federación calificaría una huelga como reglamentaria, y por lo tanto con derecho a auxilio económico, cuando estuviesen comprometidos más de 20 individuos, o la casi totalidad de los obreros de un oficio de escaso personal, y se vislumbrasen probabilidades de triunfo. Pese al dictamen negativo de la Junta Federal, la huelga sería asimismo reglamentaria si así lo aprobase la mayoría de los federados. Las condiciones que la Junta Federal consideraría para calificar una huelga como reglamentaria serían las siguientes: que la sociedad de resistencia contase con fondos suficientes para socorrer económicamente a los huelguistas durante dos semanas, que la mayoría de los trabajadores del oficio estuviesen afiliados a la misma con una antigüedad de más de un año y, por último, que el sector no estuviese afectado directamente por una crisis de trabajo. Mientras se mantuviese una huelga no se auxiliaría simultáneamente a otra. Aquellas organizaciones que se declarasen en huelga no reglamentaria contarían, exclusivamente, con el apoyo moral y la ayuda voluntaria de la Federación. Cuando una sociedad estuviese a punto de agotar sus recursos económicos como consecuencia de una huelga reglamentaria, todas las demás estarían obligadas a contribuir al mantenimiento de aquélla con 0,10 pesetas por cada afiliado que trabajase, excepto aquellas organizaciones que se encontrasen manteniendo un paro por su propia cuenta. Si acabada una huelga mediante convenio con los patronos, éstos faltaren a lo pactado antes de transcurridos dos meses, se reanudaría el paro y la Federación continuaría prestando su apoyo a los huelguistas. La Federación daría por terminada una huelga cuando los patronos aceptasen las reclamaciones de la sociedad convocadora, lo acordase la Junta Federal, o volviesen al trabajo las tres cuartas partes de los huelguistas. Cuando alguno de éstos fuese despedido como consecuencia de represalia patronal, tendría derecho durante un mes a un socorro de 0,10 pesetas por cada kilómetro de ferrocarril recorrido en busca de trabajo, hasta un máximo de 25 pesetas. Una vez terminada una huelga se procedería a su liquidación general, y la Junta Directiva de la asociación implicada remitiría a la Junta Federal un informe sobre la situación de sus fondos sociales, ventajas o desventajas obtenidas, número de asociados en lucha, repercusiones para los demás obreros de la ciudad, número de parados y de emigrantes... En el supuesto de que algún compañero sufriese prisión como consecuencia de una huelga, la sociedad responsable de su convocatoria estaría obligada a sostenerlo y, si ésta hubiese desaparecido, o careciese de recursos, se haría cargo la Federación. Las organizaciones inmersas en una huelga reglamentaria que durase más de quince días quedarían exentas del pago de los gastos de mantenimiento correspondientes al mes en curso.

El domicilio social de la Federación se denominaría Casa del Pueblo de Almansa. Todas las entidades federadas deberían trasladar a ella su sede y, durante el primer año de su ingreso, amortizarían la cantidad de 10 pesetas por cada 25 afiliados en calidad de copropietarias del edificio. Todos los días de descanso se izaría en su fachada principal la bandera de la Federación, que sería siempre de color rojo, símbolo de la fraternidad universal. Anualmente se organizarían, al menos, dos fiestas: una el 1º de Mayo, llamada "Fiesta del Trabajo"^[2], y otra el 1º de Octubre, denominada "Aniversario de la Casa del Pueblo de Almansa". El edificio estaría asegurado contra incendios y, todos los años, sería inspeccionado por la Junta Federal para que se conservase en el mejor estado posible de seguridad e higiene.

La Federación no podría disolverse mientras dos asociaciones estuviesen dispuestas a continuarla. Llegado tal extremo, todos sus bienes pasarían a ser propiedad de los asociados que mantuviesen su sede en la Casa del Pueblo y, disueltos éstos, quedarían en poder del Comité Nacional del Partido Socialista Obrero Español, en calidad de depósito, para que a su vez pudiese ponerlos a disposición de los obreros de la ciudad cuando se reorganizasen con iguales aspiraciones y procedimientos.

La organización estaría dirigida por una Junta Federal, integrada por dos delegados por cada sociedad adherida, que elegiría los siguientes cargos: presidente, dos vicepresidentes, tesorero, contador, dos secretarios, bibliotecario, citador y tantos vocales como fuesen necesarios hasta completar el número de delegados. Dicha Junta estaría constituida a su vez por una Comisión Administrativa (vicepresidente primero, tesorero, contador, secretario primero y citador) y una Comisión de Propaganda (vicepresidente segundo, secretario segundo, bibliotecario y dos vocales^[3]), de manera que cada una de ellas entendería independientemente de sus asuntos, y de común acuerdo en las cuestiones de carácter general. Se reuniría de ordinario cada quince días y se renovaría anualmente en enero, siendo sus cargos reelegibles e incompatibles entre sí. Estaría facultada para contratar empleados a sueldo, a ser posible entre los asociados.

Sus Congresos ordinarios tendrían lugar anualmente en diciembre. En ellos se examinaría y juzgaría la gestión de la Junta Federal y, salvo casos urgentes, se tratarían exclusivamente los asuntos expresados en la convocatoria publicada con un mes de antelación. Los Congresos extraordinarios se celebrarían por acuerdo de la mayoría de federados o a propuesta de la Junta Federal, y solo tratarían sobre las cuestiones que hubiesen motivado su convocatoria. La Junta Federal estaría representada en los Congresos por dos de sus componentes, con voz pero sin voto, que no podrían formar parte de la Mesa ni representar a más de una entidad. Cada sociedad enviaría a un delegado efectivo y a otro suplente, que irían provistos de una credencial en la que constase el número de asociados que representaban. Los tres primeros delegados en presentar su acreditación constituirían la Comisión Revisora de Actas. El Congreso quedaría constituido en el momento en que estuviese representada la mayoría de los federados. Las resoluciones no se tomarían por mayoría absoluta de representantes, sino de federados, de manera que cada delegado votaría por el número de individuos que representase.

3. CLAUSURA Y REHABILITACIÓN

En 1911, entendiendo que la proliferación de sociedades obreras servía en muchos casos para ocultar la ideología socialista, el Tribunal Supremo solicitó una investigación al respecto. Según el informe elaborado por el secretario judicial de Albacete, de las 15 sociedades que existían en la provincia 9 estaban radicadas en Almansa, con 736 socios, 2 en Albacete, con 172 afiliados y con una sola sociedad se encontraban las localidades de Caudete, Montealegre, Tarazona y Villarrobledo, que sumaban 252 socios. De estos datos se desprende que, en aquellos momentos, en cuanto al asociacionismo obrero albacetense se refiere, Almansa aportaba el 60% de las organizaciones y el 63% de los afiliados.

El 22 de septiembre de 1911 el Gobernador Civil de Albacete remitía un telegrama a las autoridades almanseñas por el que decretaba "...la inmediata clausura de la referida Casa del Pueblo por haber acordado dicha superior Autoridad la disolución de la misma...". Aquel mismo día, a las cuatro y media de la tarde, se presentaron en sus dependencias el alcalde, José Pérez López, el juez de instrucción del partido y el teniente coronel de la Guardia Civil (primer jefe de la provincia) con fuerzas a sus órdenes. El presidente José Lorite Castor, tras ser requerido para notificarle el acto, no opuso resistencia y se mostró dispuesto a colaborar haciendo entrega de las llaves, útiles y documentación a su cargo. Seguidamente se procedió a examinar e inventariar los fondos de la Federación y se levantó acta de la clausura, documento que nos ha permitido conocer la distribución de la Casa del Pueblo.  

En la planta baja, además de la Conserjería en la que vivía el conserje con su familia y a la que se accedía por el patio, había cuatro habitaciones. En la primera de ellas se encontraban las secretarías de la Junta Federal, de la Sociedad de Socorros Mutuos y de las Escuelas. En un cuarto contiguo se guardaba, en un armario, la documentación de "La Bondadosa" y de las Escuelas. En un tercer aposento se hallaban las secretarías de las Sociedades de Oficios Varios y de Zapateros, así como la de una Cooperativa de Consumo denominada "La Alcancía". Finalmente existía una cuarta sala ocupada por la Escuela de Niños, con una mesa, bancos, pupitres, libros y material de enseñanza. En el piso principal había asimismo cuatro dependencias. Una de ellas servía de Sala de Sesiones, con varios muebles y cuadros de destacadas personalidades socialistas. En otra se ubicaban las secretarías de la Agrupación Socialista y de la Juventud Socialista. En una tercera se encontraba la Escuela de Niñas. Mientras que la cuarta estaba ocupada por las secretarías de las Sociedades de Agricultores y de Albañiles. A excepción de la Consejería, todas las puertas quedaron clausuradas, precintadas y timbradas con el sello de la Alcaldía, pasando las llaves a poder del alcalde.

No obstante, el día siguiente, 23 de septiembre de 1911, regresaron a la Casa del Pueblo el alcalde accidental, José Ruano Ruano y el capitán de la Guardia Civil, Francisco Romero, para proceder también a la clausura de dicha dependencia, después de que el conserje hubiese sacado sus muebles y útiles. El 27 de septiembre el secretario judicial de Almansa remitió al fiscal ejemplares de los Reglamentos de la Casa del Pueblo, la Juventud Socialista Almanseña, "La Prosperidad" y "La Luz", y el 2 de octubre hizo lo propio con los de la Sociedad de Albañiles, "Los Trabajadores", "La Bondadosa" y el programa general y municipal del Partido Socialista Obrero correspondiente a 1909, documentos todos ellos que habían sido incautados durante el registro. 

Aunque fueron procesados algunos sindicalistas, el 20 de julio de 1912, a requerimiento del juzgado municipal, el alcalde almanseño devolvía las llaves de la Casa del Pueblo por "...haber quedado rehabilitada la mencionada Sociedad...", de lo que daba cuenta al Gobernador Civil.

4. CONSOLIDACIÓN

Superada esta crisis, la Federación alcanzaba en 1915 los 1.034 socios. Parece ser que la huelga general de 1917 motivó una nueva clausura y la detención de Pascual García (presidente de la "La Prosperidad") y Pascuala Pérez, componentes del comité de huelga local en contacto con Madrid; ello provocó una cierta decadencia que había sido superada ya a finales de los años veinte. En 1928 la Casa del Pueblo estaba valorada en 40.000 pesetas, daba a tres calles: Olmo (Cervantes), Plaza del Cura (Rey don Jaime) y Progreso (Pablo Iglesias) y ocupaba 614 metros cuadrados. En aquellos momentos tenían su sede en ella las Sociedades de Agricultores (tal vez "Los Trabajadores"), con 246 afiliados; Socorros Mutuos ("La Bondadosa"), con 216; Albañiles, con 62; Zapateros ("La Luz"), con 45; Oficios Varios ("La Prosperidad"), con 30; Agrupación Socialista, con 25; y Juventud Socialista, con 30. También funcionaba una Cooperativa Obrera de Consumo, asociada a la Federación Nacional de Cooperativas e inspirada en los principios de Rochdale^[4], que contaba con 275 socios y cuyos despachos y almacén se encontraban en la planta baja; desde su fundación en 1926, el importe de sus ventas se había incrementado notablemente (12.000 pesetas en 1926, 48.000 en 1927 y 100.000 en 1928).  

Asimismo funcionaba una Escuela laica, dirigida por el socialista José Hernández de la Asunción, que contaba con 120 alumnos y gozaba de una subvención municipal de 700 pesetas anuales. El Consejo Obrero ferroviario de Almansa, si bien en un principio estuvo integrado en la Casa del Pueblo, ya por entonces se había separado para establecer su propio domicilio social; no obstante, continuaba manteniendo excelentes relaciones con ella y casi todos sus asociados pertenecían a la Cooperativa Obrera de Consumo de la Federación, asistiendo con asiduidad a sus reuniones. También disponían los ferroviarios de un magnífico grupo escolar perfectamente organizado, bajo la dirección del maestro Matías Ferrer.

En abril de 1930 la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de Madrid, que continuaba siendo la propietaria del inmueble, lo vendió a la Junta Federal almanseña representada por Sebastián Sáez^[5] (presidente), Enrique Giménez Navarro^[6] (vicepresidente) y Arsenio Ibáñez (secretario); su valor en 1933 era de 48.000 pesetas. Entre 1931 y 1936 se produciría en Almansa un espectacular desarrollo asociativo, llegando a contabilizarse hasta 36 asociaciones de todo tipo: 26  laborales (19 sindicatos, 3 patronales, 3 de socorros mutuos y una cooperativa), 7 recreativas y 3 culturales. La UGT superó los 1.500 asociados (en torno al 50% de la población activa), aunque hay que tener en cuenta que entonces se accedía al subsidio de paro por medio de los sindicatos.

5. INCAUTACIÓN Y DEVOLUCIÓN

Tras la Guerra Civil, en virtud del Decreto de 14-12-1940, el edificio de la Casa del Pueblo fue incautado y entregado a la Delegación Nacional de Sindicatos, a cuyo nombre fue inscrito en el Registro de la Propiedad de Almansa el 2 de enero de 1941. Hacia 1950 se acordó su demolición para construir uno nuevo de tres plantas que con el tiempo se convertiría en sede de la Delegación Comarcal de la AISS. El 14 de noviembre de 1977 la Unión Local de la UGT solicitó, infructuosamente, su devolución. 

En 1979 la Banda Unión Musical interpretaba en público por primera vez durante la Transición "La Internacional", en ocasión de la manifestación obrera organizada por las centrales sindicales con motivo de la Fiesta del 1º de Mayo, que contó con la participación del diputado a Cortes socialista José Bono Martínez. Por orden gubernativa, los locales de la AISS permanecieron cerrados y custodiados por la Guardia Civil, en prevención de una posible acción reivindicativa de la devolución de la Casa del Pueblo.

No obstante, días más tarde, el 25 de mayo de 1979, una treintena de afiliados a la UGT (entre ellos los diputados José Bono y Antonio Peinado, el senador Francisco Delgado y Juan de Dios Izquierdo) ocuparon pacíficamente sus dependencias durante noventa minutos con el fin de reivindicar la devolución del patrimonio sindical, hasta verse obligados a abandonarlas a requerimiento de la Guardia Civil.